Al tribunal para defender las víctimas

Mensaje del Obispo Daniel Fernandez Torres, a todos los feligreses de la Diócesis de Arecibo con relación al caso que se lleva ante el tribunal 

DIÓCESIS DE ARECIBO   Prot. 2014-093

    Al llegar a la Diócesis de Arecibo hace tres años tuve que atender situaciones muy difíciles, incluyendo varias denuncias en contra de miembros del clero por alegados actos impropios de índole sexual. Conforme lo pide la Iglesia, se procedió a investigar dichas denuncias y el resultado de estas investigaciones fue que varios sacerdotes ya no ejercen el ministerio. Tan pronto se recibió el decreto de Roma, se hicieron públicos los nombres tanto en "El Visitante" como en la página web de la diócesis.

   Para llevar a cabo estos procedimientos se siguió el protocolo adoptado por la Conferencia Episcopal de Puerto Rico para esos casos, así como las guías de la Santa Sede. Las guías requieren que cuando se trate de una denuncia de un menor, se les instruya a los padres o tutores del deber de acudir a las autoridades civiles y de estos no estar dispuestos a hacerlo, la misma diócesis está obligada a hacerlo, y así lo hicimos, reportando inmediatamente a las autoridades civiles, tanto a la Policía de Puerto Rico como al Departamento de la Familia, el caso que recibimos que involucraba a un menor de edad.

   No obstante, cuando la denuncia la hace un adulto y pide confidencialidad, la Iglesia está obligada a honrar ese derecho de intimidad de esa persona para evitar que sea revictimizada. Precisamente de eso se trata el pleito que llevamos ante los tribunales. Los casos en controversia se tratan de personas adultas que no quieren acudir al foro civil y que escogieron hacer su denuncia ante la Iglesia, a pesar que lo podían hacer en otro foro y así se les indicó. A todo denunciante se le recuerda el derecho que tiene a acudir al foro civil. Una de estas víctimas se ha unido al pleito para hacer valer su derecho a la intimidad.

   Ante la insistencia del Estado y en una muestra de que estamos dispuestos a colaborar con las autoridades civiles, ofrecimos que el juez examinara los expedientes en lo que se conoce como "en cámara", que significa examinarlos sin hacerlo publico. De esa forma, un ente del propio Estado podía ver la información salvaguardando la confidencialidad de las víctimas adultas. Mientras se examina la reciente determinación del tribunal por parte de los abogados, esa oferta y disposición sigue intacta. Así se ha hecho en otras jurisdicciones.
   Entiendo que, lo que lamentablemente se ha proyectado en los medios de comunicación, es que la Diócesis no quiere cooperar; pero nada está más lejos de la verdad. Nuestra lucha es por las víctimas y por preservar la capacidad de llevar a cabo investigaciones de este tipo para erradicar de la Iglesia este mal social.

   Pero si no se puede garantizar confidencialidad en nuestros procesos, no podríamos hacer lo que se ha hecho en los pasados tres años, llevando a cabo investigaciones y expulsando de su ministerio a quienes se pruebe en dichas investigaciones que incurrieron en conducta impropia, pues las víctimas no estarían dispuestas a hablar si sintieran que su intimidad podría verse en entredicho. Debemos recordar que de no haber sido por las acciones fuertes que se tomaron en la diócesis, hoy las personas implicadas estarían aún ejerciendo su ministerio sacerdotal, y ni la Iglesia, ni el Estado, ni los medios de comunicación, se hubieran enterado de sus actuaciones.

   Una vez mas, reitero lo que ha sido y continúa siendo nuestra postura de colaborar con las autoridades civiles en un marco que garantice el respeto por la dignidad e intimidad de las personas que presentaron su denuncia siendo adultos, y que garantice el marco de acción de la Iglesia para poder llevar procesos internos para sanear la institución. Entiendo que es posible encontrar un modo de armonizar los legítimos intereses tanto de la Iglesia como del Estado.

   Del mismo modo, reitero mi adhesión absoluta a las enseñanzas y mandamientos de Nuestro Señor contenidas en el Evangelio, así como a los preceptos de la Santa Madre Iglesia, en particular en lo que respecta a la protección de los más indefensos, incluyendo las víctimas de abuso, y en consecuencia, mi adhesión al fiel cumplimiento de los parámetros que ha impartido Su Santidad Francisco para el manejo de estos casos.

   Agradezco a todas las personas, especialmente a los feligreses de la diócesis de Arecibo, su confianza y oraciones.

+Daniel Fernández, Obispo de Arecibo